Balotaje Energético: dos modelos contrapuestos

Las elecciones abrieron la puerta a una enorme serie de interrogantes que hoy sólo pueden responderse a partir de suposiciones. Sin embargo, para el sector energético, se debaten dos modelos con enfoques distintos.

Más allá de la disyuntiva política que nos toca asumir el próximo 22 de noviembre, el sector energético debe afrontar una revisión de carácter estructural. En la actualidad, la enorme dependencia de los combustibles fósiles para generación energética y el abastecimiento de industrias, sumado a la insuficiente capacidad de producción local de gas natural, resultó en importaciones de gas de Bolivia y LNG a precios internacionales. Este desbalance entre la oferta y la demanda genera un costo para las arcas nacionales que se intensifica con el congelamiento tarifario.

Frente a este panorama, surgen diversos interrogantes que no poseen una única respuesta. Sin embargo, cada partido político debe presentar un curso de acción ya que, de cualquier manera, se deben tomar decisiones. Analizaremos las dos posturas a partir de las declaraciones de cada frente.

Mantener los subsidios y un cambio administrado

A partir de una nota del medio “El Inversor” hemos podido rescatar una declaración que hecha luz sobre la postura del candidato del FPV: “Con respecto a las subvenciones -por ejemplo en los servicios públicos-, el actual gobernador bonaerense prometió: "No voy a sacar subsidios, yo garantizo mantenerlos porque quiero gobernar para la amplia mayoría de los argentinos, no para los ricos". En cuanto a la venta de divisas, Scioli señaló que "el cambio tiene que estar responsablemente administrado para que la economía tenga competitividad", y anticipó que el escenario mejorará notablemente porque "las reservas irán aumentando en forma sostenida, más que nada por la inversión en exploración y explotación de petróleo"

A partir de estas declaraciones podemos sacar dos conclusiones. Por un lado, se mantendrán los subsidios a la demanda -especialmente la residencial- (sin que eso implique que pueda llegar a haber un ajuste en la tarifa), lo que determinaría que la diferencia entre los costos actuales de generación, transporte y distribución, y los precios de la energía, serán absorbidos parcialmente por el Estado. Por otra parte, se menciona otra variable clave en este mercado: el tipo de cambio. Sobre este punto, el candidato presidencial es coherente en su línea discursiva respecto a una administración regulada del dólar. Como sabemos, esto impacta directamente sobre el precio de los combustibles y la energía plus. De esta manera, el Estado podría controlar qué actores compartirían el ajuste que sostendría un precio de energía subvencionado.

El Gas Natural: Una apuesta al desarrollo

Este insumo es el que regula el amperímetro energético, y por lo tanto, ningún esquema puede dejarlo de lado. La propuesta del candidato del FPV fue firmar un acta en el que se comprometía a incrementar los incentivos en la producción de gas. La medida se centra básicamente en “(…) elevar hasta los US$ 5 por millón de BTU el precio de la inyección base de gas que producen las petroleras. En los hechos, eso implicará incrementar, en promedio, un dólar más al precio final que reciben las productoras. Para poner en blanco la situación: una empresa que hoy termina cobrando, por todo concepto, un precio final ponderado de US$ 3,50 pasará a cobrar, con el nuevo esquema, ceca de US$ 4,50 por MMBTU. Para acceder a ese beneficio, las petroleras deben evitar que su producción caiga un 10% menos que la de 2014.”[1]

Esta medida apunta, básicamente, a ampliar la oferta de gas sobre la de combustibles líquidos, cuyo precio es sustancialmente mayor. En esta línea, se reducirían las importaciones de LNG y gas de Bolivia, lo que permitiría al Estado disponer de una mayor cantidad de dólares para financiar este proyecto. A largo plazo, el objetivo es que la matriz de abastecimiento pueda depender únicamente de gas autogenerado y eliminar las importaciones de combustibles. Sin embargo, en el corto y mediano plazo, hasta que dicha producción esté disponible, será menester disponer de una financiación que hoy se mantiene como un interrogante, tanto para productores como para el Estado.

Energía Nuclear, una alternativa que crece           

El titular no introduce una noticia inesperada en términos de política energética.  El sector nuclear  ha crecido sostenidamente en el último período y el gobierno redobla el impulso sobre esta alternativa: el pasado 4 de noviembre “representantes de ambos gobiernos firmaron el día de ayer el acuerdo comercial y la conformación del consorcio para la construcción de la cuarta central nuclear argentina, junto con el acuerdo marco para el desarrollo de una quinta central.” La cuarta central “(…) tendrá un reactor de uranio natural y contará con una potencia de unos 750 megawatts (Mw).” “(…) También se firmó el acuerdo marco para impulsar la construcción de una quinta central nuclear con tecnología china de agua liviana y uranio enriquecido. La misma tendrá una potencia de 1.000 Mw.”[2]

La demanda crece y continuará creciendo y, para ello, es necesario pensar en un horizonte de abastecimiento. Ese horizonte es la matriz energética nacional. En esta línea, podemos ver que la intención de este sector es diversificar la matriz a partir del aumento de la oferta de energía nuclear. Esto, claro está, surge de la indisponibilidad actual de gas para poder fortalecer la generación térmica a corto y mediano plazo.   

Cambiemos: El esquema del precio único

Con una postura diferente a la que hemos analizado, el frente de Cambiemos, que en materia energética está liderado por el ex presidente de Shell, Juan José Aranguren, propone un esquema que se basa en la consolidación de precios con el fin de acoplar al sector a  la situación internacional: “Teniendo en cuenta la evolución de todas las variables, incluido el tipo de cambio, nivel de actividad y productividad, creo que debería negociarse un nuevo acuerdo sectorial entre petroleros, provincias productoras y sindicatos, refrendado por resolución ministerial, para el período de transición en el que los precios internacionales se mantengan deprimidos; con el objetivo final de volvernos a acoplar al mundo cuando la situación se revierta.” (…) “Desacoplarse del mundo tiene muchos costos, como la caída de inversión y la pérdida de reservas y producción, y pocos beneficios, como el mayor consumo, aunque deteriorado por la inflación”. “Durante una década los precios del petróleo y los combustibles estuvieron en la Argentina artificialmente por debajo de los internacionales y a partir de agosto del año pasado esa situación se revirtió”[3]

La intencionalidad de este modelo reside en ajustar el mercado energético a la situación internacional que hoy en día con el precio del barril en 50 U$S y la expectativa de que esta situación se sostenga en el tiempo permitirían disponer de energía a valores más económicos. Inmediatamente, surge el interrogante de cómo impactará este acople a los distintos sectores. En principio, el objetivo de disponer energía más barata es poder seguir subvencionando a los sectores más carenciados; sin embargo, la variable que determinará la magnitud de esta medida es el tipo de cambio, ya que ante una eventual devaluación estaremos frente a un doble efecto: la reducción del precio del petróleo (de 70 U$s a 50 U$S, lo que representa una disminución del orden de un 30%) y un incremento en el factor de multiplicación (de 9,5 actualmente a un probable 14 o 15, lo que representa un aumento de entre 47-57%). Esta diferencia, naturalmente, tendrá que ser costeada por algún sector. “Luego de años de subsidiar a la oferta energética para beneficiar principalmente a aquellos que no lo necesitaban, dirigiremos los subsidios a la demanda de aquellos sectores de la población que lo requieran, disminuyendo el déficit de las cuentas públicas y contribuyendo así a la reducción de la inflación para beneficio de toda la población, especialmente aquella de menores ingresos”[4]

Por otra parte, frente a la propuesta del FPV respecto de la subvención a la producción de gas, Aranguren responde dentro de la misma línea argumentativa de un esquema consolidado: “Si bien entiendo a los que proponen un subsidio a la producción incremental (del fluido), porque prefieren pagarlo localmente antes que gastarlo en importar gasoil para generar electricidad, por lo general no soy partidario de tener dos precios para un mismo producto, ya que se requieren muchos controles y se presta a mucha discrecionalidad” “Asimismo, conforme los slides mostrados por la presidenta Cristina Kirchner (durante la presentación de la  iniciativa), el subsidio de la ‘producción base’ (no ya de la producción incremental) aumentaría el déficit fiscal en US$ 1500 millones. Por lo que me pregunto, ¿de dónde van a surgir esos fondos? ¿Han terminado de pagar los planes ‘plus’ anteriores o patearon la pelota para adelante con un bono que tendrá que afrontar otro gobierno? Debemos hacernos cargo del presente y dejar de hipotecar el futuro”[5]

El análisis que podemos hacer es bastante acotado ya que si bien ambas posturas presentan dos maneras de encarar el problema, lo que más nos preocupa son las repercusiones que cada medida pueda generar. Asimismo, nos resulta imposible aventurarnos a lanzar afirmaciones que estén basadas en supuestos. De todas maneras, lo único que podemos anticipar es que se necesita un ajuste en el sector energético. Por un lado, se propone un esquema más regulado, y por el otro, una mayor libertad de acción. Dentro de ambas políticas, hay costos ineludibles y los distintos sectores deberán prepararse para hacerle frente a un futuro demasiado cercano.

Energías Renovables: Una única vereda

 En materia de energía verde, tanto Cambiemos como el FPV poseen intenciones similares: A grandes rasgos, el FPV impulsó la Ley Guinle que impone la meta de conformar un 8% de la matriz energética con energías renovables para el 2017, hasta alcanzar un 20% al 2025. Por otra parte, Aranguren de Cambiemos afirma: “Sin descuidar el potencial hidrocarburífero de nuestro país, tanto convencional como no-convencional, le daremos un fuerte impulso a las energías renovables no convencionales y revalorizaremos el rol del planeamiento energético de mediano y largo plazo, como así también al ahorro y la eficiencia energética como las formas más baratas de disponer de energía”[6]

Es claro que ambos frentes deben apoyar la producción de energía verde ya que socialmente es una deuda que la matriz nacional todavía posee impaga. Actualmente, sólo el 0.5% está conformado por energía eólica y fotovoltaica. Dado que la ley posee plena sanción, y el texto ha sido promulgado, el interrogante que queda, una vez más, es la reglamentación. Esto terminará de definir los aspectos operativos de implementación, que más allá de cualquier gobierno, deberán respetar el espíritu de la ley.

Por lo tanto, como conclusión de esta sección podemos decir que tanto socialmente, como financieramente (ahorro de divisas a partir de la reducción de la importación de combustibles), las energías renovables representan un punto a favor para cualquier gobierno.